Pablo Casado y Díaz Ayuso: aniquilar la Escuela Pública, aniquilar el Estado de Bienestar.
Si alguna duda podía tener alguien acerca de que ocurriría si durante la pandemia que estamos sufriendo hubiera gobernado el Partido Popular en el Estado, Díaz Ayuso se lo deja bien a las claras: la aniquilación del Estado del Bienestar.
Con un gobierno constituido hace pocos días y con un Partido Popular no sólo reforzado por la ultraderecha de VOX , sino compitiendo con ellos para ver quien ostenta el cetro de las políticas conservadoras y neoliberales, Díaz Ayuso acaba de anunciar el envío a la Asamblea de la Comunidad de Madrid de una nueva norma educativa en la que se blinda la educación concertada y la especial, así como mantener la segregación por sexos en los centros sostenidos con fondos públicos (ver aquí).
Una norma que además intenta legalizar la convocatoria de concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público. Recordemos que, en su día, a LOMCE de Wert , también dispuso de un articulado semejante para así legalizar las entregas de suelo público realizadas en la comunidad madrileña a centros privados que la ley vigente impedía. La LOMLOE de la ministra Isabel Celaá volvió a la situación inicial que únicamente permite la cesión de suelo público para centros públicos.
La norma que pretende impulsar Díaz Ayuso es un intento en toda regla, en nombre del mendaz y reiterado relato alrededor de una supuesta libertad de elección, de impedir la aplicación de la LOMLOE. Habría que recordar que la Comunidad de Madrid tiene el triste honor de ocupar el primer lugar en lo que respecta a nivel de segregación de nuestro sistema educativo (ver aquí).
Por tanto, debilitando la Educación Pública y debilitando la Sanidad Pública, como bien quedó demostrado en la gestión de la pandemia, Díaz Ayuso y Pablo Casado, que defiende el éxito de la presidenta madrileña como éxito propio, muestran con sus políticas la decisión de debilitar los servicios públicos esenciales, de aniquilar el modelo de Estado de Bienestar, esto es, los servicios que tienen como sujetos al conjunto de la ciudadanía, para pasar a un modelo de privatización que deja en manos del mercado la gestión de los mismos.
Todos aprendimos en la pandemia lo que supone dejar en las manos del mercado puro y duro la gestión de los servicios esenciales, singularmente de la sanidad, pero parece que algunos entienden que la ciudadanía, como ya hemos escrito en otra entrega (ver aquí), tiene «memoria de pez». Esperemos que se equivoquen en el diagnóstico.