La Formación Profesional de Antonio y Pilar

Tuve el placer de conocer a Antonio Vázquez en el año 2005, cuando Emilio Pérez Touriño alcanzó la Presidencia de la Xunta de Galicia. Antonio había sido nombrado Director General de Formación Profesional (FP) en la Consellería de Educación que lideraba Laura Sánchez Piñón.

Por aquél entonces, tuve el honor de que me confiaran la portavocía de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, unos tiempos en que la FP tenía una escasa consideración en nuestro país, siendo sin duda la hermana pobre de nuestro sistema educativo. El origen de tal condición habría que buscarlo en la Ley de Educación de 1970, del ministro Villar Palasí, y en el desarrollo que nunca se llevó a cabo de la FP, no solo en cuanto a la falta de financiación, sino también a defectos de concepto y estructurales de la propia ley.

Fue de Antonio Vázquez de quien aprendí las líneas básicas de actuación que se necesitaban para hacer de la FP una etapa educativa de calidad y excelencia. Cuestiones por él destacadas eran: la necesidad de integración de los subsistemas en que se encontraba dividida la FP (la FP del sistema educativo y la FP para el empleo), la creación de mapas que identificaran los tejidos productivos de cada comarca y la idoneidad de implantación de los diferentes ciclos, la necesidad de reforzar el papel de las prácticas en los centros de trabajo, la coordinación y el consenso con el mundo empresarial y sindical para identificar las necesidades de formación y de implantación de nuevos ciclos adaptados a la realidad laboral, la investigación, innovación y formación continua del profesorado como señas de identidad.

El pasado fin de semana asistí a una reunión de la actual ministra de Educación y FP, Pilar Alegría. El tema era exponer ante profesores y expertos las bases de la nueva Ley de Formación Profesional que está a punto de aprobarse, en coherencia con el primer Plan Estratégico de la Formación Profesional de 2018 y el Plan de Modernización de la Formación Profesional de 2020 promovidos por la anterior ministra, Isabel Celaá.

En dicha jornada, sentado por cierto al lado de Antonio, escuchamos a la ministra de Educación y FP desgranar los objetivos de la nueva ley de FP, a la par que incidía en la importancia de contar con una memoria económica que alcanza una cantidad superior a los 5.000 millones de euros

Antonio asistía con una mezcla de satisfacción y rabia a las explicaciones de la ministra. Satisfacción porque se encontró con una total coincidencia entre los postulados que él siempre había defendido y tratado de implementar para que fueran realidad en nuestro territorio. Rabia, tanto en cuanto el propio discurso era la constatación de los años perdidos en Galicia desde que Nuñéz Feijóo alcanzó la presidencia de la Xunta y de la nula labor realizada por los sucesivos conselleiros de Educación del Partido Popular en este ámbito.

Como muestra de lo dicho está la reciente visita del actual conselleiro, Román Rodríguez, al País Vasco y, en concreto, al Instituto Vasco de Investigación e Innovación en FP (TKNIKA). En dicho centro, sin duda una referencia de éxito en el campo de la FP, Rodríguez manifestó la voluntad del gobierno gallego de establecer líneas de colaboración entre este centro y el futuro Centro Galego de Innovación que se piensa construir en Ourense. Sin duda, de ser cierto, una loable intención, lástima que, cuando el Partido Popular alcanzó el gobierno de la Xunta en el año 2009, el gobierno de Feijóo y su conselleiro, Jesús Vázquez, tiraran a la papelera el proyecto que se les dejó encima de la mesa y que consistía, ni más ni menos, en la creación en Galicia de un Centro de Investigación e Innovación en FP siguiendo el modelo del País Vasco y adaptado a las condiciones de nuestro país.

Por cierto, también dejaron en el cajón del olvido todos los trabajos realizados en la elaboración de los mapas comarcales en materia laboral y de FP con objeto de lograr la adecuación de títulos a las nuevas realidades laborales y a los tejidos productivos de cada ámbito territorial.

En definitiva, 14 años perdidos en Galicia por parte de un Partido Popular que también, por aquél entonces, a nivel estatal impedía in extremis el pacto educativo pergeñado por el ministro Ángel Gabilondo, también en materia de FP, para luego, en la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, colocar a José Ignacio Wert como ministro de Educación de infausto recuerdo, que no logró sumar al Grupo Popular ni un solo voto de ninguno del resto de grupos políticos del arco parlamentario.

La nueva ley de FP, que pronto será realidad en el BOE, no contó en la comisión de Educación con ningún voto en contra, pero pronto pudimos ver como, en el Pleno de la Cámara, el Partido Popular volvía a las andadas, cambiaba repentinamente de criterio y, efectivamente, votaba en contra, recordándonos la orden de Dolores de Cospedal cuando prohibió la firma del acuerdo con Gabilondo por motivos únicamente electorales. Un acuerdo al que sí se había llegado, como reconocen honestamente los miembros del PP que participaron en su elaboración.

Esta nueva ley es sin duda la deuda pendiente que nuestro país tenía con la FP. Cuenta, como apuntábamos antes, con una memoria económica de 5.474 millones de euros, además de un objetivo de creación de cerca de 250.000 nuevas plazas para el año 2024. Sabemos que queda mucho por hacer hasta alcanzar en la FP las tasas de matriculación de los países de nuestro entorno y alcanzar las cotas de calidad, equidad y excelencia pretendidos. Una tarea urgente cuando sabemos que el 50% de los nuevos empleos requerirán de la titulación de técnicos en FP. Afortunadamente, ahora sí, se está trabajando y poniendo los medios para conseguirlo.