Reforma Laboral: Memoria y Contraste

En el inicio de mi vida laboral, tuve la suerte de encontrarme rodeado de grandes compañeros que me incorporaron a la vida sindical. Ellos me enseñaron la repercusión de los convenios laborales en la vida de los trabajadores. Aprendí también que los avances, que las conquistas de derechos y condiciones laborales, siempre se deben votar a favor. Que perseguir lo mejor nunca debe significar perder lo posible y que los acuerdos entre partes perduran más que los desacuerdos. La Reforma Laboral aprobada ayer en el Congreso es un buen ejemplo de lo que estamos hablando.

Pero antes de seguir, hagamos un poco de memoria. En el mes de julio de 2012, el gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular establecía que los parados verían reducida su prestación por desempleo, no fuera que “genere efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo”. En el momento en que Mariano Rajoy realizaba ese anuncio en el Pleno del Congreso, la diputada del Grupo Popular, Andrea Fabra, lanzaba este grito desde su escaño: “¡Que se jodan!»

Unos meses antes entraba en vigor la Reforma Laboral del Partido Popular. Una reforma realizada desde la imposición que le permitía su mayoría absoluta. Una reforma que implicaba el total desprecio a la búsqueda de acuerdos, lo que implica, en definitiva, renegar de los más altos valores de la democracia: el diálogo como instrumento y el consenso como meta.

Una Reforma Laboral diseñada, como bien acertaba a resumir Fernando Luján, secretario confederal de UGT, para “devaluar las condiciones laborales, devaluar los salarios y devaluar los derechos de los trabajadores”

Como contraste, la Reforma Laboral auspiciada desde el gobierno de Pedro Sánchez, ha llegado al Congreso con una gran mochila cargada de más de nueve meses de diálogo, debates, discusiones, encuentros y desencuentros para, finalmente, encontrar generosidad, acuerdos y consenso por parte del gobierno y de los interlocutores sociales, organizaciones sindicales y empresariales.

Un Reforma Laboral que, y también en contraste con la anterior, persigue la mejora de las condiciones laborales, el incremento de los salarios, fortaleciendo el papel de los sindicatos y la negociación colectiva. Una reforma que, para ello, cuenta con dos medidas fundamentales: recobrar por ley la ultraactividad de los convenios y primar el convenio de sector sobre el de empresa (salvo, obviamente, que este último sea mejor).

La reforma del Partido Popular, al suprimir la ultraactividad, provocaba que las empresas no mostraran ningún interés en alcanzar acuerdos. Al contrario, no firmar un nuevo convenio implicaba para los trabajadores perder los derechos adquiridos, aplicar directamente el Estatuto de los Trabajadores y unos salarios que podían derivarse al salario mínimo. A nadie se le escapa que, además, esto perseguía dar un duro golpe al movimiento sindical.

Eliminar la ultraactividad de los convenios conllevó pérdida de masa salarial, aumento de la precariedad y de la temporalidad e incrementar la cota de desigualdad en nuestro país. Recordemos que en aquél momento el gobierno de Rajoy insistía en que incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en el año 2015 era de 648 euros, significaría destrucción de empleo. El actual gobierno ha demostrado lo falso de tal aserto, hoy el SMI está en 965 euros, la mayor subida de la historia, y el empleo, datos de la última EPA, ha mostrado resultados espectaculares que nos llenan de esperanza.

Estamos ante una buena ley que, entre otras cuestiones, devuelve derechos a los trabajadores, evita la competencia desleal entre las empresas en base a los salarios y condiciones laborales, persigue reducir la precariedad y penalizar la temporalidad sin causa,  que hace del contrato indefinido la norma básica, consolida y mejora los ERTE, estabiliza el empleo, aborda una mejora de la formación laboral dual, aplica el convenio del sector a las subcontrataciones y, muy especialmente como antes hemos dicho, mantiene la ultraactividad de los convenios. Todas ellas poderosas razones para apoyar una ley que, naciendo del consenso, representa un cambio de paradigma y un excelente ejemplo de lo que en política supone la ética de la responsabilidad.

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