Inflación, salarios y pensiones

La inflación que estamos sufriendo en España y en Europa articula un fuerte debate en cuanto a las subidas que debieran experimentar los salarios y las pensiones para poder acompasar nuestra capacidad adquisitiva al ritmo de los costes de la vida.

El discurso actual promovido desde la derecha económica está diciendo que se deben parar las alzas de salarios y pensiones para así detener la espiral de subida de precios al consumo. Suben los salarios, las empresas derivan esos costes a subidas de los productos, aumenta la inflación, nueva subida de salarios, correspondiente subida de los productos… y así sucesivamente.

Diario de Pontevedra, 10/08/2022

Pareciera que esa espiral inflacionaria, bien conocida por la teoría económica, debiera llevar indefectiblemente a la solución pretendida, congelación de salarios y pensiones, pero la situación es lo suficientemente compleja como para aceptar en primera instancia una solución tan simple.

En primer lugar, la subida de pensiones no genera directamente una subida de los precios de los productos ya que no son las empresas las que las pagan y, por lo tanto, no hay ningún coste que repercutir en el producto.

En segundo lugar, con respecto a los salarios, entre una subida equivalente a la inflación y la congelación existe un ancho tramo de negociación que debe ser utilizado. No es lo mismo congelación salarial que moderación salarial, y en este último escenario se está demostrando la sensatez de los sindicatos. La propuesta que UGT y CCOO dejaron en la última reunión de la mesa de diálogo social así lo atestigua, un aumento del 3,5% para 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024.

Por otro lado, también existe una geometría variable en las rentas salariales que se debe tener en cuenta. No es igual el impacto de la inflación en los salarios altos que en los bajos. De ahí la importancia de la decisión del gobierno de abordar en otoño el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con el objetivo de situarlo en el 60% del sueldo medio en 2023, cumpliendo así por primera vez nuestro país con las indicaciones de la Carta Social Europea.

La inflación es conocida como el impuesto de los pobres, pues es a los colectivos socioeconómicamente más débiles a los que más afecta ya que son quienes más porcentaje de su economía tienen que gastar en servicios básicos y de primera necesidad y, además, los que no cuentan con una capacidad de ahorro que les permita contar con un colchón económico que ayude a amortiguar esta situación.

Así pues, es necesario que el liderazgo del gobierno impulsando un pacto de rentas llegue a buen término y esperemos que, en el reinicio de la mesa de diálogo social prevista para el mes de septiembre, todos los actores acudan con la firme voluntad de llegar al acuerdo final.

Por cierto, no haría falta decir que el pacto de rentas no es la única medida que debe tomarse para amparar a los sectores y colectivos más afectados por la inflación. Las disposiciones tomadas por el gobierno, desde el inicio de la pandemia hasta las más recientes, así lo acreditan, lástima que desde la oposición no solo no se acompañen, sino que hagan gala de su apoyo a los que menos están sufriendo.

Las becas para los ricos del Madrid de Ayuso, la negativa a apoyar el impuesto a la banca y a las empresas energéticas, sus críticas a la subida del salario mínimo o su oposición a elevar  el último tramo de la tarifa del Impuesto sobre el patrimonio del 2,5% al 3,5% (que afecta a patrimonios con bases liquidables por encima de los 10 millones de euros) son, entre otros muchos, poderosos argumentos que indican de qué lado está el Partido Popular.

Un Partido Popular, y su presidente, NúñezFeijóo, que no dudan en aplaudir políticas como esta: la Comunidad de Madrid bonifica el 100% del impuesto de patrimonio, que solo pagan los que más tienen, y así perdona 990 millones de euros a 19.090 contribuyentes con una riqueza de 10,1 millones por cabeza.

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