Sanidad, Educación, Dependencia,… ¿qué pretende privatizar el nuevo PP?
Lo de bajar impuestos siempre ha sido un mantra de los sectores más conservadores (ahora también de la ultraderecha) y que en estos días surge de nuevo con gran fuerza una vez que “el nuevo líder del nuevo PP” se ha erigido en su máximo defensor. No hay mitin, debate, entrevista o mensajes en redes sociales en los que Feijóo no saque a colación la bajada de impuestos como la gran y única solución, cual bálsamo de Fierabrás, a la situación económica actual.
Al mismo tiempo, Núñez Feijóo no cesa de quejarse acerca del déficit público que presenta nuestro país, clamando por su reducción. Déficit público cuya minoración, como él bien sabe, se convierte en una misión imposible si se reducen los ingresos públicos.
Por cierto, el propio Fondo Monetario Internacional, nada sospechoso de ser de izquierdas, advierte en su último informe que la carrera a la baja en materia fiscal puede acabar por mermar el gasto social y las necesarias inversiones por falta de suficientes ingresos. Además, demanda un acuerdo global para acabar con esas prácticas para así poder reducir la desigualdad y también luchar contra el cambio climático.
No le importa nada a Núñez Feijóo incurrir en contradicciones, medias verdades o, directamente, falsedades, con tal de mantener viva la llama de una propuesta que le permita acusar al gobierno de Pedro Sánchez de “forrarse” a base de unos impuestos con los que estaría asfixiando a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables. Pongamos algunos ejemplos.
Núñez Feijóo reclama la bajada del IVA para la luz y el gas, pero no dice que el gobierno ya bajó el IVA de la factura eléctrica del 21% al 10%. Feijóo quiere que se aplique el superrreducido del 4%, pero no dice que para ello se requeriría la autorización del Europa. Eso sí, pone el ejemplo de Polonia, pero calla que ese país lo ha hecho sin la autorización de la autoridad europea y está sujeto a un procedimiento de infracción. Y, por supuesto, no habla del acuerdo conseguido por España y Portugal, la llamada excepción ibérica, que permitirá topar el precio del gas y abaratar en gran medida la factura eléctrica de hogares y empresas.
Con respecto a los Fondos Europeos, pretende que aquellas personas que instalen en sus domicilios sistemas energéticos alternativos (placas solares, geotermia,…) puedan desgravar parte de los gastos en el IRPF a cuenta de dichos fondos. Eso sí, parece ignorar que el pasado mes de octubre el gobierno ya arbitró un Real Decreto que permite deducir en el IRPF entre el 20% y el 60% de la inversión realizada en eficiencia energética.
Otra petición de Feijóo es que las ayudas a autónomos y pymes en el año 2021 por causa de la COVID que no han sido ejecutadas, 1.700 millones de euros de los 7.000 millones presupuestados para tal fin, vuelvan a salir en una nueva convocatoria. Eso sí, calla que, del total adjudicado a Galicia, su gobierno dejó el 30% sin ejecutar.
Por cierto, también podríamos recordar que Feijóo se marcha de Galicia dejando sin ejecutar 1.775 millones de euros en políticas de empleo, el 33,4% del presupuesto fijado para esas partidas durante sus años de gobierno en la Xunta de Galicia.
Recordaba la ministra Montero que Mariano Rajoy fue el presidente del gobierno que más impuestos subió en una legislatura. En 50 ocasiones decidió la subida de impuestos en una legislatura en la que los españoles sufríamos una gran crisis económica, pero no será esto lo que empañe el discurso de Feijóo.
No es de extrañar que, quienes defienden menos Estado, que aquellos que entienden que los servicios públicos esenciales deben incrementar los niveles de privatización, propugnen las bajadas de impuestos. Y Núñez Feijóo pertenece sin duda a los que defienden estos postulados.
Los recortes realizados en Galicia en Sanidad y Educación públicas, y el incremento sostenido de las privatizaciones en estas dos áreas, son claros ejemplos de lo que nos espera si algún día Núñez Feijóo llega a la Moncloa. Un Feijóo que ya en el año 2012 decía, referido al sistema sanitario, que «hay determinadas cuestiones que se pueden hacer perfectamente externalizando», y así ha sido en Galicia y así pretenderá que acontezca en España.
La privatización de los servicios públicos esenciales no es otra cosa que un rejón de muerte a la equidad, solo favorece a las clases más pudientes, aquellas que pueden permitirse el lujo de pagar lo que sea en la privada. Un ejemplo, un transplante de hígado tiene un coste cercano a los 50.000 euros, ¿por cuánto tiempo tendría que empeñarse un mileurista para podérselo costear? Por cierto, ese mismo transplante en EEUU cuesta unas diez veces más.
Si algo ha demostrado la pandemia es la necesidad de contar con un Estado fuerte, potente, con servicios públicos de calidad, dotados de recursos materiales y humanos suficientes que permitan responder de manera adecuada a las necesidades actuales y prevenir aquellas que puedan acontecer en un futuro. Un Estado con músculo suficiente como para poder ejercer de manto protector a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y a defender y a extender los derechos de la ciudadanía. Y en ellos, a riesgo de equivocarnos, estamos algunos. Otros reman en sentido contrario. La buena noticia es que, según la reciente encuesta de ESADE/ICIP, la mayoría de la ciudadanía prefiere la mejora de los servicios públicos a pagar menos impuestos.