A los pobres, ni caso. La calidad, para los ricos. Que a los pobres los eduquen sus padres, que además muchos estarán en el paro y les sobra el tiempo —no vaya a ser que se pasen la mañana en el bar, holgazaneando, en lugar de dedicarse a lo suyo: ser pobres con aprovechamiento.
Ese, más o menos, podría ser el resumen de lo que le ronda la cabeza al gobierno de Trump. Y no, no parece que haya techo para la indignación a la que es capaz de elevarnos este plutócrata de oropel dorado.
Repasemos. El Head Start es un programa federal que ofrece educación infantil temprana, servicios de salud, nutrición y apoyo a las familias de bajos ingresos con niños pequeños. Traducido: uno de esos programas incómodos que se empeñan en que el futuro de un crío no dependa de la cuna en la que le tocó nacer. Una extravagancia.
Pues bien: el gobierno del país más rico del mundo, el pasado 6 de agosto, presentó una propuesta para vaciar buena parte de las regulaciones que fijaban los niveles de seguridad y calidad del programa —esas ciento y pico páginas, esos requisitos molestos— y sustituirlas por una versión aligerada, adelgazada, low cost. Fuera las ratios. Fuera el tamaño máximo del aula. Fuera el número mínimo de profesionales por niño. Y, ya puestos, fuera también buena parte de la atención a los niños con discapacidad. Cómo no. Faltaría más.
Ah, y por si el recorte se quedaba corto: medios estadounidenses calculan que más de 100.000 niños podrían quedar fuera del programa por el delito de tener padres sin papeles. Una medida que los tribunales ya han frenado una vez, y que la administración insiste en reintroducir. Niños de tres años. Peligrosísimos.
Conviene recordar qué es lo que se está desmantelando. No hablamos solo de guardería con letras. Hablamos de un servicio integral que incluía revisiones médicas, dentales, vacunación, apoyo nutricional. En un país que no tiene sanidad universal y gratuita, y donde el poco colchón que existe para los más vulnerables —Medicaid, el programa para las familias con menos recursos— también está en el punto de mira de la tijera. Es decir: al niño pobre le quitamos la escuela buena y, de paso, todo lo demás: el dentista, la vacuna y la comida.
La coartada es de manual: descentralizar, dar autonomía a cada estado, confiar en lo local. Suena bien. El detalle es que muchos de esos estados no regulan estándares de calidad ni tienen la menor intención de hacerlo. Y detrás, frotándose las manos, la privatización, que ya se relame ante la perspectiva de un negocio sin una sola exigencia de calidad que cumplir. Barra libre.
Todo esto sobre un programa del que la evidencia —esa cosa antipática— dice que produce beneficios en salud, en escolarización y en resultados a largo plazo. Pero, en fin. ¿De verdad le interesa eso a un pobre?
Pues va a ser que no. Que en el país más rico del mundo, resulta, los pobres no precisan una educación de calidad.
