En las municipales de 1891, en Bilbao, cuatro obreros socialistas ganan las urnas y pierden las sillas. Entran en la sala de plenos como quien entra en un club privado. Los votos los han traído hasta allí, pero el mobiliario no parece hecho para ellos.

Han votado 2.000 hombres de los 10.000 con derecho. Sufragio universal masculino recién estrenado  por el empuje de los liberales de Sagasta. Pero el truco estaba en la letra pequeña: se mantenía una condición censitaria. Para ejercer como concejal no bastaba con ganar, había que ser propietario y pagar contribución. El voto era libre; el cargo, de pago.

De los cuatro concejales socialistas, solo Manuel Orte pasa el filtro. No por sus ideas, sino por su pequeña contribución de un negocio de carbón. Carbón: el hombre que vende carbón puede sentarse; los que solo venden sus manos, no. Los mismos trabajadores que llenan las urnas no pueden llenar los bancos del ayuntamiento.

Saltemos ahora a Suecia, 1866. Allí el filtro es más elegante. Solo números. Tres cifras frías que hacen el trabajo de un ejército: un ingreso imponible mínimo de 800 riksdaler al año, o una propiedad valorada en al menos 1.000 riksdaler, o alquilar una propiedad gravada a al menos 6.000 riksdaler.

Con esas condiciones, solo el 5,5% de la población sueca tiene derecho a votar; cinco o seis personas de cada cien, y eso contando bebés en la cuna. Sufragio censitario: el voto no como derecho, sino como premio a la riqueza.

Un siglo y pico después cambiamos de paisaje, no de truco. Washington, siglo XXI. Donald Trump impulsa una ley bautizada con nombre de homilía patriótica: The Safeguard American Voter Eligibility Act (SAVE Act), la Ley para salvar a Estados Unidos. ¿Salvarla de qué? Pura magia retórica.

Sus defensores hablan de un grave problema de fraude electoral, un mal oscuro que amenaza la República. Pero cuando uno mira los números, el monstruo se vuelve microscópico.

La Heritage Foundation, bastión conservador, lleva años registrando en su base de datos un puñado de casos que nunca cambiaron una silla. Ni siquiera en los Estados más disputados. Sirva Pensilvania como ejemplo: 30 años de análisis, 32 elecciones, 100 millones de votos 39 casos de fraude. ¡El 0.0000388%! ¿Amenaza existencial? ¿Muerte de la democracia?.

La congresista demócrata Gwen Moore lo dice sin rodeos: la SAVE Act es una actualización de las viejas leyes de segregación racial, un “Jim Crow” reeditado para 2026. Ingeniería jurídica de la peor calaña: exigir un tipo de documentación que millones de ciudadanos no tienen.

Escena cualquiera. Una mujer de sesenta años se planta ante una ventanilla para renovar su registro. Lleva décadas votando. Hijo veterano, nietos en el instituto, facturas apiladas en la cocina. La ventanilla exige prueba de ciudadanía para seguir en el censo electoral. Ella cambió de apellido al casarse, divorciarse, volver a casarse. El certificado de nacimiento no coincide con su nombre actual. El carné de conducir no vale. Ni siquiera una REAL ID —que ya pide esos mismos papeles para emitirla— le sirve. El pasaporte, no lo puede pagar.

La mitad de los estadounidenses no tiene pasaporte, y obtener uno cuesta de media 130 dólares. En un país donde millones cuentan los billetes para pagar gasolina, comida, alquiler, guardería, médico, esa cifra no es un simple trámite: es una barrera. Un impuesto encubierto, un “poll tax” del siglo XXI. La ley se presenta como un escudo contra un fraude estadísticamente irrelevante, pero funciona como un filtro económico y burocrático contra los más vulnerables.

No hablamos de fantasías conspiranoicas. En una carta pública, Gwen Moore advierte de que, según las propias estimaciones de los promotores de la ley, el SAVE Act podría dejar sin derecho al voto hasta a un 18% del electorado. Hagamos el cálculo: en 2022 se emitieron unos 112 millones de votos en las legislativas; un 18% serían más de 20 millones de estadounidenses expulsados del censo efectivo. Veinte millones. Más que la población de Holanda, más que toda la población de Chile. Un ruido de fondo que no debe molestar.

A día de hoy, el SAVE America Act ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, pero sigue atascado en el Senado y no hay señales claras de que alcance los 60 votos necesarios para cerrar el debate y pasar a votación. Mejor que no vaya más lejos. Cuando el voto deja de ser un derecho y vuelve a ser un privilegio, la historia no avanza; se repite con papelería nueva.