El tirano, según define el diccionario de la RAE, es aquél que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a medida de su voluntad. Una definición que, sin duda, se queda corta en unos tiempos en los que hay quienes, aún partiendo de elecciones que debemos considerar democráticas, pretenden gobernar “sin justicia y a medida de su voluntad”.

Trump y su desprecio por la ley y la justicia, por el orden internacional y las instituciones democráticas de dentro y fuera de su país, imponiendo su voluntad como “palabra de Dios”, es el máximo exponente de lo que podríamos llamar “tiranía posmoderna”.

El tirano de hoy ya no necesita tanques para tomar el mando. En un contexto en que la ideología fascista pretende recuperar todo su vigor, acompañada por el poder económico y el control de medios de comunicación y redes sociales, ya no es condición necesaria el uso de la fuerza y de las armas para alcanzar el poder.

Y aquí viene a cuento recordar uno de los aforismos que, hace unos 500 años, Francesco Guicciardini dejó escrito en su libro “Ricordi politici e civili”:

«El mortero que mantiene unido al Estado del tirano es la sangre de los ciudadanos. Que todos se esfuercen por no construir tales edificios en su ciudad».

Las guerras actuales son la cruda evidencia del uso de la sangre como ese mortero que ancla al tirano a su sillón. Pero no olvidemos que hay otros muchos procedimientos menos visibles -aunque igualmente letales- de hacer sangrar a una sociedad.

Si queremos, como dice Guicciardini “que todos se esfuercen por no construir tales edificios en su ciudad”, debemos tener en cuenta esas otras formas de sembrar sangre y muerte.

La literatura científica es abundante y diáfana: recortar y precarizar la Sanidad Pública incrementa las tasas de mortalidad. Reducir la inversión en Educación Pública implica un menor nivel educativo de un país y una menor esperanza de vida.

Son evidencias sólidas y contrastadas que nos indican que reducir la inversión en educación y sanidad provoca efectos graves sobre nuestra salud, empeora nuestra calidad de vida y merma nuestros años de presencia en este mundo.

Por ello, aquellos que pretenden sustituir la inversión en educación y sanidad por gasto en armamento tendrían que rendir cuentas ante la ética pública. Y, sobre todo, deberían encontrar nuestra respuesta cívica.

Tampoco olvidemos que privatizar los servicios públicos esenciales también implica recortar y precarizar. Las consecuencias están sobradamente documentadas.

Que nuestra sangre -y nuestros votos- no alimenten a los nuevos tiranos. Están en juego nuestras vidas.